La actual legislación española (así como la normativa europea) respecto a la inmigración, viola derechos humanos fundamentales de los inmigrantes, por la única razón de tener un origen nacional diferente.
En el Estado Español viven más de medio millón de personas (año 2004) en situación administrativa irregular, sometidas al acoso policial, con el riesgo permanente de ser expulsadas y bajo la consideración social de ilegales, a pesar de estar trabajando y contribuyendo en nuestra economía.
Asociaciones de inmigrantes y organizaciones sociales, proponen la aprobación de un proceso inmediato de regularización para las personas que actualmente viven en España. Solicitan la adhesión a la campaña y están realizando una recogida de firmas.
